En los últimos meses, el Gobierno de Chile cerró al menos seis centros de acogida para migrantes irregulares en la frontera norte, en Colchane, implementando un nuevo protocolo que permite la expulsión inmediata hacia Bolivia de quienes ingresen por pasos no habilitados. Esta política prioriza el control fronterizo y ha reducido significativamente la asistencia humanitaria.
Organizaciones sociales han expresado su preocupación por los efectos de estas medidas, especialmente en personas en situación de mayor vulnerabilidad. Karina Fauste, directora del Centro de Atención al Migrante de la Fundación Madre Josefa en Iquique, destacó a EFE el rol clave que cumplen:
"Ofrecemos un espacio diurno con talleres, apoyo educativo, actividades recreativas y orientación para el empleo. Atendemos principalmente a personas en situación de calle, brindando acompañamiento psicológico y gestionando soluciones habitacionales, aunque sean transitorias", explicó.
Fauste también subrayó la importancia de adaptar los planes migratorios a un entorno normativo cambiante, con el fin de apoyar a las familias migrantes de manera integral.
Desde el gobierno, la delegada presidencial de Tarapacá, Ivonne Donoso, afirmó que la actual política contempla reconducción inmediata y acogida temporal para familias con menores, sin intención de convertir esta en una medida permanente.
Con este nuevo enfoque, Chile redefine su política migratoria, priorizando la seguridad territorial por sobre la protección social.